Por: Nilsa Gulfo (Venezuela)
El 29 de agosto del año 1975 el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez firmó uno de los documentos más importantes para el futuro económico del país latinoamericano. La nacionalización de la industria petrolera quedaba establecida, con esa rúbrica, como la dueña y señora del país que se convertiría en quinto país exportador de petróleo y el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, amén de las mayores reservas de crudo liviano en todo el hemisferio occidental. En el 2008, la producción de crudo en Venezuela fue la décima más alta del mundo con 2 millones 394 mil barriles diarios, convirtiéndose en el octavo país exportador neto de petróleo más grande del mundo.
Con la nacionalización petrolera, el estado venezolano asumía el control absoluto de la floreciente industria petrolera y establece que toda la exploración, producción, refinación, y programas de ventas de las compañías petroleras tenían que ser aprobados previamente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. La primera piedra se había colocado en 1943 cuando el General Isaías Medina Angarita, como Primer Mandatario, promulgaba la Ley de Hidrocarburos.Este control absoluto del oro negro venezolano y sus derivados, quedó en manos de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), cuyo modelo de gestión la hizo ser clasificada, en algún momento, por la prestigiosa revista Fortune como una de las 500 empresas más grandes del mundo.
A partir de la nacionalización petrolera, no sólo se estaba firmando un decreto que colocaba a Venezuela en un umbral económico atractivo y rozagante, se estaba haciendo un pacto con el desarrollo de una de las industrias más contaminantes para el planeta.
Con el pie izquierdo
Los ambientalistas venezolanos han liberado una dura lucha por lograr que las intenciones de la actividad petrolera no pase por encima de lo ambiental. Inicialmente la legislación se centró en procurar el control de la economía y que las cuentas subieran, dejando a un lado lo que poco a poco iba haciendo mella en los ecosistemas cercanos a la actividad petrolera.
Bajo presión fueron surgiendo reglamentos, leyes y decretos que tímidamente ponían coto a los desafueros ambientales de la industria que, a la final, era “perdonada” por ser la que pagaba las cuentas de una economía que nunca ha logrado diversificarse.
En la actualidad existen más de veinte leyes ambientales y decretos que pregonan el cuido ambiental, pero sin tocar de frente a la actividad petrolera. La ley Orgánica del Ambiente, La Ley Penal del Ambiente y la Ley de Aguas, son quizás las banderas legales de esas regulaciones. Sin embargo, en su articulado no se nombra a la industria petrolera ni para bien ni para mal, lo que expresa la indiferencia hacia el daño que se ocasiona a los ecosistemas venezolanos. Apenas en la ley Penal del Ambiente en su artículo 89 establece como delito el vertido de hidrocarburos y lo hace de esta forma: La persona natural o jurídica que vierta hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos o sus derivados, directamente en el medio marino, con ocasión de operaciones de transporte, exploración o explotación de la Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva que pueda causar daños a la salud de las personas, a la fauna o flora marina o al desarrollo turístico de las regiones costeras, será sancionada con prisión de uno a tres años o multa de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) a tres mil unidades tributarias (3.000U.T.)
Con todo y esas falencias legales hacia la protección ambiental, la empresa estatal PDVSA se jactaba, y aún lo hace, de ser garante de un ambiente resguardado. La historia da cuenta de grandes derrames petroleros ocurridos en el Lago de Maracaibo, en estado Falcón, Monagas, Anzoátegui y otras zonas emblemáticas que han dejado sin respiro a nacientes de agua, especies marinas y otros ecosistemas.
Las convenciones internacionales sobre cambio climático, en muchas oportunidades, han señalado a la industria petrolera como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero y han solicitado la aplicación de medidas de adaptación. “Tomando en consideración las negociaciones sobre cambio climático en el tema de las responsabilidades compartidas, esta industria debería aplicar medidas de adaptación y asumir la responsabilidad hacia el uso eficiente del recurso hídrico”, señaló Fabiola Tabora, secretaria ejecutiva de GWP Centroamérica, durante una conferencia con periodistas latinoamericanos participante de un curso virtual sobre cambio climático.
No sólo de intenciones
José Toro Hardy es un destacado economista venezolano, experto y estudioso del tema petrolero. Para este profesor universitario, el despido de más de 20 mil trabajadores entre 2002 y 2003 por parte del difunto presidente Hugo Chávez Frías, dio pie para un desbarajuste de la empresa y para que los controles ambientales se fueran por la borda. “Pdvsa no está preparada. No cuenta con el personal adecuado, no se cumplen los mantenimientos a las instalaciones y hay una falta de respuesta para mitigar los accidentes”, decía Toro Hardy a un medio nacional.
En el 2003, justo cuando Chávez Fría, silbato en mano, gritaba “fuera” a los causantes de un paro petrolero, ocurrieron varios accidentes en pozos y en las más importantes refinerías del país, como por ejemplo el derrame de crudo en Amuay, la principal refinería del país, ubicada en el estado Falcón, al sur del país.
Pero este no ha sido el único incidente en el complejo, de hecho han sido recurrentes, pero sin el impacto mediático. Sindicatos y líderes políticos atribuyen esos incidentes al deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento e inversión. No obstante un episodio de grandes magnitudes ocurrió en agosto de 2012 cuando una explosión, producto de una fuga de gas, dejó más de 50 muertos, decenas de desaparecidos y casas destruidas. Este hecho ha sido catalogado como uno de los mayores desastres tecnológicos ocurridos en el país.
Los derrames petroleros, sin embargo se han convertido en un verdadero llamado de alerta para los ambientalistas del país. Los estados Zulia, Falcón, Monagas y Anzoátegui, estados petroleros por excelencia, se han llevado la peor parte. Es así como desde la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, se nombró una comisión para investigar el origen de los recurrentes derrames petroleros y su daño a las nacientes de agua. Colaboración del gobierno para esclarecer el asunto? Ninguno.
Gustavo Páez, profesor del Instituto de Geografía y Recursos Naturales de la Universidad de Los Andes es de los que piensa que la industria petrolera venezolana no tiene como prioridad el ambiente, mucho menos es garante de proteger los recursos hídricos del país. “La lista de derrames petroleros que han afectado a nacientes de agua es incalculable. Estos derrames tienen la particularidad que afectan a todos los ecosistemas donde se produce la contaminación, perjudicando de manera grave la fauna y la pesca con efectos que pueden ser persistentes en el tiempo. Estos derrames han afectado las características físico-químicas del recurso hídrico, disminuyendo así su cantidad y calidad para el recurso humano”.
La industria petrolera venezolana no sólo ha desconocido el papel que juega en la preservación de los reservorios de agua, también tiene una deuda pendiente con el destino final que tienen las aguas residuales producto de la actividad. A decir del experto Víctor Pocha, consultor internacional en Planeamiento y Gestión de los Recursos Hídricos, el problema de la industria petrolera es dónde depositar el agua que utiliza para la extracción, la cual puede ser extremadamente contaminante. “Debido a lo rentable de la industria, no se pueden hacer los desentendidos en cuanto a dónde toman el agua para la explotación y, sobre todo, hacia dónde va el agua residual”, manifestó el experto.
Apenas un ejemplo
El río Guarapiche es el principal surtidor de agua del estado Monagas, alimenta la represa El Guamo que abastece del vital líquido al 80 por ciento de la capital del estado (Maturín). Su nombre proviene de palabras indígenas que significan piedras duras o río de las piedras. En el 2010 un estudio realizado daba cuenta de la existencia en la importante fuente de agua de unas 138 especies de fauna entre las cuales se describen: 26 especies de peces, 6 anfibios, 23 clases de reptiles, 68 aves y 15 mamíferos.
El 4 de febrero de 2012, el país miraba con estupor lo que se catalogaría como uno de los desastres ambientales más significativos de la nación. Un derrame petrolero, producto de la rotura de un tubo en el Complejo Operacional Jusepín, en el estado Monagas, literalmente arropaba las aguas del río Guarapiche.
La versiones oficial, en voz de Eulogío Del Pino como vicepresidente de Exportación y Protección de Petróleos de Venezuela, fue que el derrame de crudo mediano y liviano, fue el equivalente a 1.000 barriles de crudo. Las contradicciones, en este caso, no se hicieron esperar y voceros contrarios a la versión hablaban de un derrame de 60 mil barriles que duró aproximadamente 12 horas. En esa misma ocasión Norys Bello, profesora de la catedra de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oriente (UDO) informaba a los medios sobre un desplazamiento del crudo en aproximadamente 50 kilómetros desde el lugar del siniestro hasta la entrada de la planta de tratamiento de agua. No estaban equivocados los expertos, pues los habitantes de la ciudad de Maturín y todas las poblaciones que se benefician del río Guarapiche quedaban sedientos durante semanas. En un acto de “valentía” el propio Del Pino, dos semanas después, en una transmisión en vivo por el canal del estado, bebió agua para demostrar la potabilidad del líquido. Sin embargo, a estas alturas la población mira con desconfianza la pureza del agua. Las consecuencias sobre la salud de los habitantes, producto de este derrame, aún están en estudios.
No obstante, por esos días, los expertos biólogos hablaban de un daño irreversible de la flora y la fauna de la región, toda vez que las imágenes mostraban a especies marinas, plantas empapadas de petróleo y funcionarios, tras precarios mecanismos, intentando controlar el derrame.
Nunca se determinó, por lo menos públicamente, el daño ambiental ocasionado por ese derrame petrolero, lo que sí quedó claro es que cada día los controles para corregir y mantener en óptimas condiciones las estructuras de la principal industria del país, se está haciendo cuesta arriba, más aun teniendo en contra una crisis económica y una diáspora de trabajadores petroleros que están abandonando sus puestos de trabajo y sustituidos por personal con poca pericia para estas labores. Guarapiche es apenas un ejemplo del daño ambiental que ha provocado la industria petrolera.
Fotos cortesía periódicos: El Nacional, Prensa de Monagas
Pese a que Colombia es considerada una potencia hídrica, algunas regiones del país
no escapan a las consecuencias del cambio climático.
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